Reacción de la presidenta Castro ante extensión del TPS a hondureños en USA

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El gobierno de Honduras recibió con satisfacción la decisión de la justicia estadounidense de extender hasta el 18 de noviembre de 2025 la protección otorgada a través del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos hondureños residentes en Estados Unidos. La medida representa un respiro para más de 60 mil personas beneficiarias de este programa migratorio, vigente desde 1999 tras el paso devastador del huracán Mitch.

La presidenta Xiomara Castro calificó la resolución como un avance importante y reiteró el compromiso de su administración con la defensa de los derechos de los compatriotas que han construido sus vidas en el extranjero. En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la mandataria señaló que esta decisión judicial frena, al menos de forma temporal, “una expulsión masiva” que habría representado un “duro golpe” para miles de familias hondureñas.

Desde que comenzó su mandato, el gobierno hondureño ha enfocado sus esfuerzos en estrechar lazos con la comunidad migrante, dándole prioridad a la protección de los derechos de los hondureños en el extranjero dentro de su política internacional. La presidenta informó que ha dado directrices a la Cancillería para reforzar el apoyo legal y consular a los beneficiarios del TPS y seguir una estrategia diplomática que permita asegurar su permanencia legal en Estados Unidos.

El TPS es un mecanismo migratorio que otorga permisos temporales de trabajo y residencia a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden su retorno seguro. En el caso de Honduras, esta figura ha permitido que miles de ciudadanos permanezcan legalmente en territorio estadounidense durante más de dos décadas.

La reciente decisión judicial, emitida por un tribunal federal del norte de California, detiene los planes de cancelación de este estatus que habían sido impulsados por anteriores administraciones. A pesar de la extensión concedida, el futuro del TPS sigue siendo incierto, y tanto organizaciones migrantes como el gobierno hondureño consideran que es urgente avanzar hacia una solución permanente que garantice estabilidad a quienes llevan décadas en ese país.

El anuncio de la extensión del programa fue recibido con alivio por parte de las familias beneficiadas, muchas de las cuales enfrentaban el riesgo de deportación, pese a haber construido redes laborales, educativas y familiares sólidas en Estados Unidos. Varios expertos advierten que una cancelación abrupta del TPS podría tener consecuencias humanitarias severas y desatar un impacto económico significativo, tanto en las comunidades de origen como en las de destino.

El gobierno hondureño ha insistido en la necesidad de mantener una relación constructiva y de respeto con Estados Unidos, basada en la cooperación y en el cumplimiento de compromisos bilaterales en temas migratorios. En este marco, se ha intensificado el trabajo de las representaciones consulares para ofrecer orientación legal, recopilar datos actualizados de los migrantes y promover iniciativas que visibilicen su aporte a la economía y a la sociedad estadounidense.

Además de las medidas urgentes, la gestión de Castro ha destacado la relevancia de mantener una conversación más amplia con los representantes estadounidenses, con el fin de crear rutas hacia la legalización permanente de los beneficiarios del TPS, además de reforzar las estrategias que aborden las causas fundamentales de la migración.

El tema migratorio continúa siendo uno de los principales desafíos para Honduras, país con una histórica dependencia de las remesas familiares que envían sus ciudadanos en el exterior. En ese contexto, la extensión del TPS representa no solo un alivio humanitario, sino también un respiro económico que contribuye a la estabilidad macroeconómica del país.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo se reiteró el compromiso de “no dejar solos” a los migrantes y de continuar en todos los frentes, legales y diplomáticos, con la defensa de sus derechos y la búsqueda de soluciones sostenibles que reconozcan su condición y sus aportes a las sociedades donde hoy viven.

Por Patricia Domínguez Guerrero

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