Japón ha enfrentado la mayor disminución de población desde el inicio de los registros oficiales, disminuyendo en casi un millón de personas en 2024. La brecha entre nacimientos y decesos alcanzó niveles sin precedentes, evidenciando la progresión de una crisis demográfica que, con cada año que pasa, sigue intensificando los retos sociales y económicos de la nación.
Según los datos más recientes del Ministerio del Interior y Comunicaciones, la población japonesa se redujo en 908.574 personas durante el último año. El número total de nacimientos cayó a 686.061, el más bajo desde que se inició el registro en 1899, mientras que las muertes superaron los 1,6 millones. Por cada nuevo nacimiento, fallecieron más de dos personas, una proporción que subraya la profundidad del problema.
Envejecimiento acelerado y baja natalidad
La disminución demográfica no es algo reciente para Japón, ya que el país ha experimentado dieciséis años seguidos de baja en su población. En la actualidad, el número total de habitantes en el país es de aproximadamente 124,3 millones, lo que supone un 0,44% menos que el año anterior.
Uno de los factores centrales en esta tendencia es el envejecimiento acelerado de la población. Las personas mayores de 65 años representan casi el 30% del total nacional, la segunda cifra más alta del mundo. Por su parte, la población en edad laboral, entre 15 y 64 años, ha disminuido al 60%, reduciendo significativamente la base activa que sostiene los sistemas de salud y pensiones.
La cantidad de hijos por mujer a lo largo de su vida se ha mantenido significativamente por debajo del nivel necesario para el reemplazo desde los años 70. Aunque hay numerosos programas gubernamentales destinados a impulsar la natalidad, los logros han sido escasos.
Estrategias gubernamentales y obstáculos estructurales
Ante esta situación, el primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado la crisis demográfica como una “emergencia silenciosa”. Su administración ha prometido intensificar las políticas favorables a la familia, entre ellas la expansión de guarderías gratuitas, la implementación de horarios laborales flexibles y nuevos subsidios a la vivienda.
Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a obstáculos estructurales que dificultan su eficacia. El elevado costo de vida, los salarios estancados y una cultura empresarial que valora largas jornadas laborales desincentivan la formación de familias. Además, las mujeres continúan enfrentando presiones sociales que las colocan como cuidadoras principales, con escaso apoyo institucional, lo que contribuye a posponer o descartar la maternidad.
Las acciones implementadas hasta el momento no han logrado cambiar una tendencia que indica una reducción constante y acelerada de los habitantes en Japón.
Inmigración: una solución parcial y políticamente sensible
A lo largo de los años, Japón ha seguido una política migratoria estricta, algo que no es común en otras economías avanzadas. Sin embargo, la creciente falta de personal ha empujado al gobierno a implementar iniciativas temporales, tales como visas para nómadas digitales y programas de entrenamiento para empleados del extranjero.
Actualmente, el número de residentes extranjeros en el país alcanza los 3,6 millones, lo que representa cerca del 3% de la población total. Aunque esta cifra marca un récord, el impacto de la inmigración sobre la estructura demográfica nacional sigue siendo limitado.
A nivel político, el tema migratorio continúa siendo objeto de debate. La sociedad japonesa, en gran parte conservadora, aún muestra reticencias hacia una apertura migratoria más amplia, a pesar de las señales de necesidad que plantea el mercado laboral y el envejecimiento poblacional.
Efectos evidentes en las áreas urbanas y rurales
El descenso demográfico ya se observa en varios aspectos de la vida diaria en Japón. De acuerdo con datos oficiales, cerca de cuatro millones de casas han quedado desocupadas en los últimos veinte años, particularmente en áreas rurales. Muchos pueblos y aldeas están afrontando la pérdida de población, con servicios públicos disminuidos y economías locales en deterioro.
Esta despoblación amenaza la sostenibilidad de comunidades enteras, generando un efecto dominó sobre la infraestructura, la educación y el acceso a servicios médicos. En las áreas urbanas, aunque el impacto es menos visible, se proyectan efectos a mediano plazo en la oferta de empleo, el consumo interno y la viabilidad fiscal del sistema de bienestar.
Un reto a largo plazo sin respuestas inmediatas
La situación demográfica de Japón no solamente genera desafíos a nivel social y económico, sino que además desafía la habilidad de la nación para ajustarse a un nuevo modelo de población. Las soluciones estructurales exigidas implicarán transformaciones culturales significativas, reformas en el ámbito laboral y una reconsideración del papel de la inmigración dentro de la sociedad japonesa.
Aunque las acciones presentes intentan reducir los efectos del envejecimiento y la baja natalidad, la información muestra una situación persistente que no parece cambiar a corto plazo. En este escenario, la urgencia de desarrollar un plan a largo plazo es cada vez mayor para asegurar la sostenibilidad de un país que enfrenta, de manera silenciosa, uno de los retos más grandes de su historia contemporánea.
